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De los objetivos de la universidad en el siglo XXI

La universidad, antes su crisis

Texto Rosa Virós Catedrática de Ciencia Política y ex-rectora de la Universitat Pompeu Fabra

Foto: Gianluca Battista

Rosa Virós pide un aumento sustancial de la inversión del Estado en la universidad para asegurar que cumpla en libertad con la universalidad de sus fines.

Cualquier análisis crítico y constructivo de la universidad -como pretende serlo, por ejemplo, el reciente Llibre Blanc de las universidades públicas catalanas- debe partir, si es realista y a la vez coherente, de los fines éticos de una institución clave en la moderna sociedad del conocimiento, con una visión global o universal del contexto que la enmarca, que la condiciona y que tiene como núcleo principal el alcance y la difusión de un saber sin límites temáticos, más allá de las fronteras locales o nacionales y lejos de cualquier discriminación por razones económicas, clasistas o xenófobas. En ese sentido, toda universidad es, por definición, política desde el momento en que es pública, ya que pertenece y sirve a toda la colectividad ciudadana por muy privada o particular que pueda ser la iniciativa de su fundación o la propiedad de sus bienes. En una sociedad democrática, lo particular tiene que estar supeditado a lo general o universal. Es decir, en nuestro caso, y según las competencias respectivas, al Estado o a la Generalitat, que representan el poder de los ciudadanos.

       Un análisis realista de nuestra situación universitaria respecto al futuro, coherente con la ética institucional y teleológica que acabo de definir, obliga a buscar la raíz de los severos problemas a los que se enfrenta no en ella misma, sino en los proyectos políticos que ciertos sectores de nuestra sociedad tienen sobre la relación que debería existir entre los centros de conocimiento y de información y el tejido productivo y laboral.

       Es cierto que la producción y el trabajo pertenecen al ámbito global, de forma abstracta, de la comunidad política que llamamos "sociedad", pero no es menos cierto que el sistema socio­económico capitalista tiende a considerar de interés general o de todos lo que a menudo no pasa de ser el interés de unos cuantos que, con la excusa de ser primordiales en el proceso de creación de la riqueza, se adjudican el derecho de decidir lo que es bueno o malo, justo o injusto, útil o inútil desde su visión; en algunos casos, tal vez sesgada respecto a la dimensión excesivamente crematística y pragmática del conocimiento. Esa confusión entre lo común general y lo particular conlleva que sus argumentos se presenten de forma tan indiscutible como la propia economía y sus leyes, aceptadas como "naturales" e inamovibles.

       Hace años que se considera una ayuda inapreciable para las universidades el mecenazgo de las empresas, fundaciones y entidades de crédito ante la precariedad de la inversión pública. Antigua es la queja empresarial según la cual los estudiantes no aprenden según las necesidades técnicas de la producción. Estas y otras carencias explican la proliferación de universidades privadas que aspiran a formar una élite dirigente del país.

       Sin embargo, un análisis profundo nos indica que la cultura del mecenazgo todavía no está suficientemente extendida y, por tanto, la mayoría de universidades privadas, en general, tampoco tienen fácil su desarrollo según criterios de calidad y, en lo que se refiere a las públicas, muchas desaparecerían si las instituciones que las subvencionan dejaran de hacerlo. Justo ahora que por fin muchos ciudadanos han comprendido la importancia del conocimiento, la investigación y la innovación como fuentes de riqueza, a raíz de la adaptación al sistema de educación e investigación europeos.

       A una parte de la comunidad universitaria -no solo a los estudiantes- le da miedo que la discriminación económica de base social se traslade a los másteres y que los planes de estudio y los trabajos de investigación se sometan al interés económico o comercial de ciertas empresas en detrimento de otros saberes. De la misma manera, crean inseguridad algunos informes sobre un cierto mimetismo entre la organización del gobierno de la universidad y el sistema de organización empresarial. El consejo social sería un consejo de administración que nombraría a un gerente-rector, máximo dirigente de una estructura jerárquica movida prioritariamente por el principio de eficacia.

       Un punto clave es aclarar la posibilidad de que la actual tendencia a inserir la universidad en el marco del estado del bienestar no entre en contradicción con el discurso actual de integrarla de una forma mucho más decidida en el tejido económico y productivo y, en segundo lugar, controlar que los ciudadanos con las rentas más bajas no soporten de una manera desproporcionada (recordemos el sistema fiscal regresivo) la progresión de los capitales particulares.

       Si alguno de los colectivos anti-Bolonia se permite objetar que no toda la sociedad resultará beneficiada por igual del espacio común de educación europeo se le tacha de ir en contra de la lógica económica -que el capitalismo liberal identifica con el progreso general-  y aquí paz y después gloria.

       ¿Qué hacer, pues? Según mi parecer, la única manera de asegurar que la universidad cumpla con la universalidad de sus fines y que lo haga en libertad (frente a una privatización de hecho) es que aumente sustancialmente la inversión del estado en ella y también el control de dicha inversión. Esto exige una reforma fiscal en profundidad que, hay que decirlo, no cuenta con el apoyo suficiente precisamente de aquellos que necesitan para sus empresas universitarios mejor formados y más competentes.

       Quizás una inversión en becas y becas salario, en mejorar la ratio profesor-alumnos, en renovar los métodos docentes, etc. abriría grietas en los muros defensivos de los profesores no motivados, de los alumnos estresados que a menudo tienen que compatibilizar estudios y trabajo, y de los grupos propios irreductibles, en el compromiso de velar por una universidad pública y autónoma, realmente universal, capaz de plantearse los problemas reales de los hombres y las mujeres del siglo XXI.

       El Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya intenta mantener un equilibrio razonable entre, por un lado,  el mantenimiento de cotas de igualdad y justicia social y, por otro, la estricta competitividad mercantil y el eficientismo puro y duro.

       Se deberían debatir sus propuestas en las propias universidades, en los partidos, sindicatos y colegios profesionales. Si no hay debate y aproximación real de posturas, creo que Bolonia puede ser un maquillaje superficial, reflejo de una Constitución Europea abortada, fruto de universos ideológicos blindados. Confieso que, en estos momentos, estoy entre el pesimismo y la pequeña esperanza.

Otoño – Invierno (octubre 2008 - marzo 2009)